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Actualidad

Los servicios sociales municipales como patrimonio ciudadano

27 de Marzo de 2014

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El jueves día 20 de marzo, Luis Alberto Barriga Martín, consultor de organizaciones sociales, miembro destacado de la Asociación de Directores y Gerentes sociales, autor de textos brillantes y sobre todo un veterano e incansable trabajador social por la justicia y la esperanza en el cambio social, invitado por el Colegio Profesional de trabajadoras sociales, nos animaba con tesón a militar en defensa de los servicios sociales públicos.


La charla tenía el título de “Impacto de la reforma local sobre los servicios sociales”, y con una gran soltura, de quien tiene un claro discurso, desgranó los objetivos del Gobierno en su acoso a los servicios públicos, en este caso la autonomía municipal y la histórica competencia sobre los servicios sociales, entre otras cosas.


El memorándum enviado a la “troika”, una vez más, o a Europa, por decirlo en general presenta las reformas ofrecidas en el altar de los sacrificios, en los que se plantea sin ambages el ahorro de 5000 millones de euros en las transferencias a las administraciones locales. Ésta y no otra ha sido la motivación para la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.


Tras esta opción política está el sacrificio de un sistema que ha dado sus frutos y que se cimienta en la atención primaria y las políticas de proximidad. Parece obvio que sean las corporaciones locales, los ayuntamientos, sobre todo, quienes se ocupen y cuiden de sus vecinos, quienes les ofrezcan servicios como la ayuda a domicilio, telealarma, la protección y promoción y educación a las familias o programas de rentas mínimas.
Las ciudades tienen una tradición en la organización y las atenciones a sus vecinos, los conocen y las soluciones se ofrecen en su propio contexto. Asimismo nos incitaba a los asistentes a informarnos y a resistirnos ante marcos de referencia agresivos con la convivencia acordada y consensuada hasta el momento. Nos alertaba del reiterado intento por modificar la narración de la historia que trata de reescribirse por algunos avezados comunicadores al servicio del Poder neoliberal.


Igualmente nos enseñaba hábilmente cómo dar la vuelta a sus pretensiones y recuperar parte del terreno perdido mediante una reinterpretación del artículo que atribuye unas mínimas competencias a las corporaciones locales, definiendo dos conceptos desde una perspectiva profesional: exclusividad e inmediatez. Recobrando, en el primer caso, el significado de proceso en toda exclusión, con lo que no puede hablarse de intervenciones puntuales; y sacando a relucir la primera acepción de inmediato, como lo próximo y no tanto como lo rápido. Con este bucle inteligente pretende retar a los obscuros legisladores que están detrás del texto aprobado el 27 de diciembre.
En cualquier caso, Luis Barriga nos impele a todos, profesionales y ciudadanos, a la defensa de nuestro patrimonio cívico y legal: los derechos sociales y los derechos humanos.

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